modificaciones en el senado boliviano, la oposición y la “prensa independiente” denuncian que los artículos 16 (suspensión de licencias a medios que difundan ideas racistas) y 23 (cuando el hecho sea cometido por el trabajador de un medio de comunicación no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno) son arbitrarios y coartan la libertad de expresión. Los llaman “artículos mordaza” y han pedido que se diriman mediante un referéndum.El espíritu de esta ley, que apunta a eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación y consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de ese tenor, no surgió de los legisladores masistas ni del ejecutivo boliviano, sino de los asambleístas que representan al movimiento indígena, a los llamados pequeños grupos que tienen su representación en las circunscripciones especiales.
Ayer, increíblemente, la mayoría de los diarios bolivianos, excepto La Razón y Cambio, salieron con portadas en blanco en protesta por la Ley contra el racismo, argumentando que “sin libertad de expresión no hay democracia”. Hasta ese punto está acendrado el racismo en ciertos sectores (ultrarreaccionarios y no tanto) de la sociedad boliviana, hasta el punto de trastocar el sentido común y los postulados más básicos del derecho humanitario.
Por caso, los legisladores de la oposición se presentaron a la sesión vestidos como reos, con poleras a rayas blancas y negras, alertando sobre la posibilidad de que muchas personas terminen en la cárcel al aplicarse la ley, y un amplio sector de la prensa inició “medidas de fuerza” y “movilizaciones” ante su inminente sanción. También a Iglesia denunció que la norma “anulará” la libre expresión.
En otro orden, el Artículo 15 prohíbe toda restricción de ingreso a locales públicos y privados, y la obligación de poner un cartel: “Todas las personas son iguales ante la ley”.
Los “artículos mordaza”:
Artículo 16: “el medio de comunicación que autorizare y publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible de de sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento, sujeto a reglamentación”.
Artículo 23: “cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.
Dijo el presidente Evo Morales: “No puedo creer que algunos periodistas se opongan a la aprobación de la ley que lucha contra el racismo. ¿Qué problema hay de que se apruebe la medida, si además tenemos mayoría parlamentaria? Eso no es malo, sino que es democracia. (…) La libertad de expresión está garantizada, pero no podemos permitir que so pretexto de esa libertad se practiquen el racismo y la discriminación. El racismo es lo más antidemocrático. Yo mismo he sido víctima y llegó la hora de acabar con el racismo”.
Dijo Bernard Gutiérrez (gorila del altipano, Convergencia Nacional): “Será el pueblo boliviano, será el soberano el que tenga que acudir a las urnas y con su voto determinar si, en verdad, quiere que se restrinja la libertad de expresión de la manera que plantean los artículos 16 y 23 de ese proyecto de ley”.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), qué duda cabe, envió un comunicado expresando su “su plena solidaridad” con los monopolios de prensa bolivianos.
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